Corrupción y baja institucionalidad azota Latinoamérica

17 noviembre, 2014

El caso de los 43 estudiantes muertos en el Estado de Guerrero, México, en la que estarían involucrados autoridades políticas, policías y sicarios demuestra la precariedad institucional que sufrimos muchos países latinoamericanos y que desemboca en un estado de corrupción, impunidad y engaño de parte de quienes -más bien- debiesen cuidarnos y velar por el estado de Derecho.

Y es que la institucionalidad en muchos países de Latino América está por los suelos. Según el Índice de Competitividad Global 2014 –del Foro Económico Mundial- que mide, entre otros factores de productividad, el grado de institucionalidad  de 144 países pone a muchos estados  latinoamericanos en el tercio inferior de esta lista.

En este cuadro elaborado, podemos ver algunos de los componentes de Institucionalidad en los que Latinoamérica sale mal. En muchas variables, Venezuela, Argentina y Paraguay ocupan los últimos lugares. Colombia, Perú y México – a pesar de ser países que económicamente han estado haciendo las cosas bien- también demuestran niveles muy bajos de institucionalidad.

En este cuadro elaborado, podemos ver algunos de los componentes de Institucionalidad en los que Latinoamérica sale mal. En muchas variables, Venezuela, Argentina y Paraguay ocupan los últimos lugares. Colombia, Perú y México – a pesar de ser países que económicamente han estado haciendo las cosas bien- también demuestran niveles muy bajos de institucionalidad.

Para variar, un latinoamericano se encuentra último en esta lista mundial Se trata de Venezuela, cuya institucionalidad ha venido a menos desde que ha sido dirigida por gobiernos de carácter bolivariano. ¿Puede haber una institucionalidad coherente, sólida y seria en un país que decide crear un Viceministerio de la Suprema Felicidad? Otro país hermano que se encuentra entre los 8 peores  países en institucionalidad es Argentina; país que no está pasando por un buen momento económico debido a sus políticas públicas y caudillismo autocrático. Le sigue Paraguay –en el puesto 133-  que tiene una serie de problemas internos como la falta de seguridad y la debilidad institucional.

En Ética y Corrupción la mayoría de latinoamericanos salimos jalados. Por ejemplo, de 144 países, Venezuela está ultimo, Paraguay 142, Argentina 139, Colombia 123, México 110 y Perú 103.

En Ética y Corrupción la mayoría de latinoamericanos salimos jalados. Por ejemplo, de 144 países, Venezuela está ultimo, Paraguay 142, Argentina 139, Colombia 123, México 110 y Perú 103.

Continúa el Perú, que se encuentra en la posición 118 (de 144) en nivel de institucionalidad. 7 puestos por debajo de Colombia (111) y 16 puestos por debajo de México (102). Estos 3 países –junto a Chile- se han diferenciado en Latinoamérica por apostar por la apertura al libre mercado como la principal herramienta para lograr el crecimiento económico; sin embargo, la institucionalidad en estos estados deja mucho que desear. Por ejemplo, en la variable “Desvío de fondos públicos” Perú se encuentra en la posición 104, México 119 y Colombia 128. Ultimo está Venezuela y penúltimo Argentina. En “Confianza en los políticos”, México está en el puesto 114, Colombia 125 y Perú 131. “El costo de negocio de la delincuencia y violencia” en México lo hace ocupar la casilla 135, Colombia 134 y Perú 127. En el rubro “Ética y corrupción” último sale Venezuela; En el 103 Perú, 110 México y 123 Colombia.

Adicionalmente, los 3 se encuentran en la “lista negra” de los países productores y distribuidores de droga en el mundo, según el Informe Anual del gobierno de los Estados Unidos. Colombia y Perú están entre los mayores distribuidores de cocaína en el mundo y México es el principal distribuidor de derivados ilegales de opio en los Estados Unidos.

Según el Índice de la Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, de 177 países, Venezuela se encuentra en el puesto 160, Paraguay 150, México y Argentina comparten el puesto 106.

Según el Índice de la Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, de 177 países, Venezuela se encuentra en el puesto 160, Paraguay 150, México y Argentina comparten el puesto 106.

Esto demuestra, que el crecimiento económico es importante, pero si no avanzamos en temas base como la institucionalidad y en temas transversales como la educación, el futuro que se nos viene más que un desafío podría ser una vorágine…

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A propósito de La Parada: ¿Vivimos todos los peruanos en un mismo Sistema?

25 noviembre, 2012

Cuando uno ve en las imágenes del televisor a una población exacerbada, descontrolada y frenética defendiendo como leones algo que no es suyo; cuando ves delincuentes sacando provecho del caos para robar,  dañar y destruir; cuando distingues  a pobladores maltratando a policías y diciendo “se creen importantes”, cuando ves a forajidos incendiando comisarías sin que nadie los detenga, cuando observas a gente tratando de matar a la autoridad a pedradas, uno se pregunta ¿esta es la ciudad en la que vivo?, ¿estas son las personas con las que convivo?, ¿hay autoridad en nuestro país?, ¿por qué existen estas personas?

Para las 2 primeras preguntas la respuesta es sencilla: sí. Esta es la ciudad en que vivimos y tenemos que convivir con estos seres humanos. La tercera pregunta se podría contestar: sí, pero parece que no funciona. La autoridad funciona para unos, no para otros, algunos saben cómo hacerla funcionar, otros saben cómo desactivarla y muchos, al no hallar un funcionamiento adecuado, ni siquiera queremos utilizarla. La cuarta pregunta si nos debería llevar a reflexión.

¿Por qué existen estas personas? Porque han nacido igual que nosotros y tienen el mismo derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libre expresión, a trabajar libremente y muchos derechos más que tenemos los ciudadanos. Sin embargo, estas personas -que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano y que son reconocidos en la constitución- parece que no saben que también tienen deberes y que los derechos de uno terminan o se limitan donde comienza los del otro.

Expresarse es un derecho pero hacerlo de manera violenta y criminal, sin el más mínimo respeto a la vida es una grave falta que debe ser condenada y sancionada con todo el peso de la ley. Todos tenemos derecho al trabajo, pero siempre y cuando este se ajuste a ley; es decir, bajo las normas que establezca la autoridad. Nadie puede apropiarse de un lugar que es público y decir “sólo muertos saldremos de aquí”. Actitudes intolerantes como ésta no llevan a buen término y es el Estado el que debe poner control, orden y brindar el principio de seguridad que los ciudadanos necesitamos tener.

Sin embargo, ¿cómo entender tanta violencia en estos seres humanos?, ¿acaso no saben lo que es vivir civilizadamente y que tienen que respetar las reglas básicas de convivencia? Pues parece que no. Y querer llegar a ellos con el lenguaje que utilizamos quienes hablamos de leyes, normas, deberes y derechos, parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Porque ellos son salvajes y brutos y nosotros ciudadanos educados y responsables? Cuidado, creo que no deberíamos ser tan superficiales.

Que se portan salvajemente, sí. Que no respetan nada, sí. Que no entienden de normas y deberes, sí. Pero vayamos al fondo, ¿son todos ellos tan bárbaros e irracionales que han desechado –sin más ni menos- las herramientas, conocimientos y oportunidades que les ha brindado el Estado?, ¿son tan atrevidos, temerarios e insolentes que no les interesa enfrentarse a una autoridad firme, correcta y que siempre hace respetar el principio de la ley y la justicia? Nooo! ¿A quién queremos engañar? Es el Estado el que no ha hecho lo necesario para insertarlos al “sistema” y ha permitido, con su descuido y falta de institucionalidad, que se acostumbren a actuar sin leyes que los corrijan adecuadamente.  Porque hacer mal las cosas es tan dañino como no hacer nada.

Un lumpen que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana porque para él la ley no vale nada, no va a cambiar porque pongas un caballo, un policía o un juez delante de él. Porque la ley, las normas y la constitución son un documento ajeno a ellos. Un documento pertenece a un “sistema” al cual ellos no se han incorporado. Por tanto, no pertenecen al “sistema” en que los demás vivimos y aceptamos. Al hablar de sistema me refiero a ese conjunto de elementos que el Estado ha organizado para lograr un objetivo: vivir en una sociedad ordenada sujeto a las normas establecidas.

Entonces nos damos cuenta que estamos viviendo en un mismo lugar y en un mismo tiempo dos tipos de actores. Los actores legales, que somos todos aquellos que nos acogemos al sistema y sus normas –así no nos guste-, y los actores ilegales, que son aquellos que quieren imponer la ley de la fuerza y que no conocen de normas ni respeto.

Y vemos cómo a estos dos tipos de actores el Estado los quiere controlar con las normas establecidas para aquellos que aceptamos y vivimos en el “sistema”. He ahí el problema de nuestro Estado y la precariedad de sus instituciones, querer controlar con documentos y papeles a alguien que no reconoce estos documentos. No se puede. Es imposible. Y encima cuando esta población “anti sistema” pasa por las instituciones que forman parte del sistema del Estado, se dan cuenta que este famoso “sistema” puede ser fácilmente corrompido.

 Entonces, debemos darnos cuenta que el problema que tenemos no es específico a un grupo de compatriotas que no tiene educación y que no quiere comportarse de acuerdo a ley, sino que es un problema transversal que afecta a toda nuestra sociedad y su entorno. Este problema viene de arriba. Si el Estado no cumple su rol de autoridad, de generar orden, de mejorar su institucionalidad, de brindar desarrollo social y de crear un marco jurídico que permita a todos los ciudadanos ser parte del mismo “sistema”, no solamente no resolveremos el problema, sino que cada vez más nos hundiremos en una vorágine de descontrol, violencia y crisis que nos explotará en la cara y que quizá nos deje cicatrices muy difíciles de borrar.

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¿EL DESARROLLO SOSTENIBLE PLANTEADO POR EL GOBIERNO DISMINUIRÁ LA CONFLICTIVIDAD EN EL PERU?

5 noviembre, 2011

El problema de fondo del Perú no es sólo la desigualdad, sino también la institucionalidad

Acaba de publicarse el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Perú ha ocupado el puesto 80 ubicándose entre los países de Desarrollo Humano Alto.

Según este Informe titulado “Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos, los enfoques que incluyen la equidad en las políticas públicas y que empoderan a la población para que pueda ser protagonista de los cambios legales y políticos son los más adecuados para disminuir los riesgos ambientales como la desigualdad. Y ya sabemos que la desigualdad trae como consecuencia la conflictividad.

Ante este marco teórico propuesto me pregunto ¿el enfoque de desarrollo formulado por el actual gobierno sigue el lineamiento recomendado por el Índice de Desarrollo humano 2011?, ¿cuáles son las consideraciones ambientales y sociales que sustentan la política de desarrollo del gobierno?, ¿las estrategias consideradas por el Estado serán suficientes para disminuir las raíces de la conflictividad que vive el país?

Enfoques de Desarrollo planteados por el gobierno

Para sugerir los enfoques de desarrollo formulados por el actual gobierno me basaré en la exposición del Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, ante el Congreso de la República el día 25 de agosto de 2011. Desde mi percepción, por lo expuesto, los enfoques de desarrollo planteados por el gobierno son dos:

El primero es un enfoque de Desarrollo Sostenible, mediante el cual se busca estimular el crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad del país con el fin de estimular el bienestar social que se traduce en una reducción de la pobreza y fomento de la inclusión social; así como el cuidado del medio ambiente.

El segundo es un enfoque de Desarrollo basado en derechos, mediante el cual se busca promover el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos para lograr su bienestar, se busca resolver los problemas de inclusión y el impulso a la responsabilidad social.

Por tanto, asumo que los enfoques elegidos por el actual gobierno siguen la misma ruta recomendada por el PNUD. Ahora, que estos enfoques  hayan sido planteados de manera efectiva y que logren ser eficaces y eficientes es otra cosa. Pasemos a analizar cuáles han sido las consideraciones sociales y medio ambientales propuestas.

1. Salomón Lerner, Presidente del Consejo de Ministros, ante el Congreso de la República el día 25 de agosto de 2011 hablando sobre los enfoques de desarrollo que tomaría el gobierno.

Consideraciones Sociales

Según la exposición del Primer Ministro, las consideraciones sociales que sustentan las políticas del gobierno son:

1.- Se deja por sentado que el crecimiento actual, si bien redujo la pobreza, no distribuyó de manera equitativa los logros alcanzados; más bien, mantuvo la desigualdad, no conservó el medio ambiente e incrementó la informalidad.

2.- Profunda reforma del Estado, cuyo fin será la igualdad de los derechos, incidiendo sobre todo en salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y seguridad social. Se buscará incluir a todos los excluidos.

3.- Se impulsará una política de concertación. Las acciones para incentivar esta política pasan por potenciar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional del Trabajo, el Consejo Económico y Social, la consulta previa y la prevención de conflictos sociales.

4.- Desarrollo de una política de competitividad que favorezca el aparato productivo. Mejora de la competitividad y articulación empresarial en los mercados locales.

5.- Reducir no sólo la pobreza; sino también, la desigualdad social a través de un crecimiento sostenido. Implementación de un crecimiento productivo con inclusión social económica.

6.- Incremento del salario mínimo vital.

7.- Desarrollo y fortalecimiento de programas sociales como CUNA MAS, Beca 18, Programa Juntos y  Pensión 65.

8.- Establecimiento de una política agraria orientada a reducir la brecha de competitividad de la agricultura peruana.

9.- Desarrollo de una política de empleo que promueva el trabajo decente, con plenos derechos, fortalecimiento sindical y aprobación de Ley General del Trabajo. Creación de Programas Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Programa Nacional Perú Responsable.

10.- Se pone en marcha el Sistema Nacional de Salud, que garantiza el derecho a la salud de todos los peruanos.

11.- Mejoramiento de las viviendas de las personas de bajos recursos económicos en el ámbito urbano y rural.

12.- Se buscará reducir la brecha en infraestructura de transportes. Se promoverá su construcción con el apoyo público privado.

13.- Desarrollo de los servicios educativos en el Perú rural. Se priorizará el nivel de Educación Inicial.

14.- La política exterior y la cooperación internacional serán instrumentos al servicio de los objetivos de inclusión social.

Adicionalmente, el Estado acaba de crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  con el fin de ejecutar las políticas de gobierno en esta materia.

Carolina Trivelli juramentando como ministra de Inclusión Social y Desarrollo.

Consideraciones Ambientales

De acuerdo a la exposición brindada ante el Congreso de la República, las consideraciones ambientales que sustentan las políticas del gobierno son:

1.- Recuperación de la credibilidad de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente.

2.- La utilización de los recursos naturales renovables serán a plazo determinado para evitar su sobre explotación.

3.- Reconocimiento de la pluriculturalidad del Perú.

4.- Otorgación de una representación política a los grupos culturales indígenas que la reclaman.

5.- Conservación y defensa de nuestro variado patrimonio arqueológico.

6.- Hay una agenda ambiental pendiente en el país, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables. El Gobierno busca implementar una política ambiental con un claro enfoque de derechos e inclusión social.

7.- Implementación de un enfoque de cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo.

¿Las estrategias consideradas por el Estado serán suficientes para disminuir las raíces de la conflictividad que vive el país?

No. Pienso que los elementos considerados en el discurso del Primer Ministro no son suficientes para disminuir la conflictividad que vive el país.

En primer lugar, una fuente de conflicto social constante en nuestro país son los recursos naturales y en la exposición brindada por el gobierno no se establece claramente de quién son estos recursos. Ante un recurso renovable encontrado ¿el Estado tiene dominio del bien y también la propiedad del terreno?

En nuestro país, las actividades extractivas como la minería son las que han generado mayores crisis en los últimos gobiernos.

En el discurso no se profundiza sobre políticas orientadas a prever los impactos del cambio climático. No hay medidas contra la erosión natural y humana de los recursos naturales. Por ejemplo, no se toca el tema sobre la minería ilegal; sin embargo, se habla sobre el aporte adicional que brindarán las empresas mineras formales. Mientras que a las empresas formales le aplicas más normas, a las informales –que son las que más contaminan- se le sigue dejando laborar dañando el medio ambiente y sin pagar ningún tipo de impuesto. ¿Esto es inclusión social?

No se habla sobre medidas para disminuir el dióxido de carbono y cómo contrarrestar  el efecto invernadero que ya está afectando algunas regiones del país. Por tanto, no se establece la responsabilidad del Estado, las empresas y las personas.

La población quiere sentirse reconocida y representada. Se ha tocado el tema, pero no se ha mencionado ninguna acción. La territorialidad comunal es una herramienta básica para incentivar el poder de decisión y la autonomía de la población, pero quizá sea un tema sensible de tocarlo. La asociatividad en un gran reto para que las poblaciones se unan y salgan adelante pero tampoco se toca. La articulación empresarial y las cadenas productivas son herramientas básicas para el desarrollo y la competitividad de los pueblos, pero el gobierno no lo promociona en sus planes.

La transformación de los conflictos requiere cambios en cuatro niveles: personal, relacional, cultural y estructural. En el discurso se menciona realizar cambios a nivel estructural como estrategias políticas, sociales, económicas; cambios a nivel cultural como estrategias de interculturalidad, consultas al ciudadano, creencias de los pueblos; algunos cambios a nivel relacional como la inclusión, las relaciones de simetría. Sin embargo, no siento que se haya presentado propuestas en el nivel personal, como son trabajar las habilidades interpersonales de la población, la relación con los grupos antisistema, cómo trabajar el miedo y las percepciones de riesgo que tienen los ciudadanos. Estos temas, que son a nivel personal, debieran ser contemplados si se quiere trabajar directamente el tema de conflictos.

Según la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, las acciones de protesta –en los últimos años- se han reducido; sin embargo, sus niveles de violencia han aumentado.

Para evitar que los conflictos estallen, el gobierno debe trabajar en el Diálogo con la población, como herramienta fundamental para llegar a negociaciones adecuadas y compartidas. El diálogo se trabaja en la etapa de prevención de un conflicto y debe estar presente en el plan de gobierno si es que se quiere trabajar antes que se generen las crisis. La coordinación y diálogo con líderes formales e informales es preponderante y de este tema no se habló en el discurso.

Sin embargo, el gobierno actual ha aprobado la Ley de consulta previa. Esta norma establece el derecho de las comunidades a solicitar ser consultadas sobre actividades extractivas en su territorio, estableciéndose un proceso de diálogo. Me parece una medida socialmente responsable con las comunidades indígenas, que muchas veces son afectadas por empresas que sólo tienen afán de lucro, pero hay que tener mucho cuidado de que esta medida sea mal utilizada por grupos antisistema que no quieren ningún tipo de inversión extranjera, ni de inversión nacional formal, pero no dicen nada con respecto al comercio informal generado en estas mismas zonas.

Según los enfoques de desarrollo aplicados por el gobierno, las políticas públicas señaladas están más concentradas en los derechos de los ciudadanos que en sus deberes. No comunicar adecuadamente el balance que debe  haber entre derechos y deberes que tiene la población puede generar un caldo de cultivo que conciba contrariamente mayor conflictividad. Cuando hay más ingresos, hay mayor presión distributiva por parte del pueblo, pero deben saber que también tienen que cumplir las normas establecidas. Y es el gobierno el primero que debe luchar contra la informalidad que vive el país, porque muchos están acostumbrados a reclamar sus derechos pero no a cumplir sus deberes ciudadanos.

El desarrollo económico implica que se impulse infraestructura a gran escala que genere polos de desarrollo en zonas como la selva; sin embargo, hay que supervisar y controlar el impacto ambiental que puede generar estas obras. Es el caso de la carretera Interoceánica, cuya construcción ha generado una deforestación para la utilización del terreno. En ese caso, ¿se ha hecho una balance del costo-beneficio?, ¿se ha presentado públicamente las auditorías realizadas? El plan de gobierno debería profundizar en este tema.

Informes señalan que cuando se construye carreteras en la Amazonía, como es el caso de la carretera Interoceánica, se ocasiona deforestación y degradación del medio ambiente.

El gobierno actual ha establecido como política exterior el acercamiento del Perú a Brasil, por razones geopolíticas y comerciales. Sin embargo, se sabe –según el informe presentado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático- que Brasil es uno de los países que más deforestación ha causado en sus tierras afectando el medio ambiente. Según analistas, las malas prácticas brasileras, en su zona amazónica, ya las estuvieron aplicando en Perú en la zona de Iñambari. ¿el gobierno tomó alguna medida o acción para la verificación de esta denuncia?. El gobierno ha establecido en su discurso inicial, como políticas públicas, la soberanía energética y el desarrollo del sur peruano. ¿Sabiendo que el sur del país es una zona sensible de conflictos, no debería tener más cuidado con su socio brasilero para verificar si sus proyectos son socialmente sostenibles? ¿Cuántos bosques tropicales se hubieran deforestado si se realizaba esta obra? ¿Se habrían afectado los ecosistemas adyacentes? Un enfoque de Desarrollo Sostenible que busca evitar la conflictividad debería responder y establecer estrategias y acciones para resolver estas inquietudes.

Hay que recordar que la conflictividad nace de la desigualdad no sólo económica sino también de la falta de igualdad de derechos y oportunidades que toda persona anhela. Es por eso, que yo complementaría lo que acaba de decir el actual presidente peruano respecto a que el problema de fondo de nuestro país no es la pobreza, sino la desigualdad. Yo me atrevería a decir que el problema de fondo del Perú no es sólo la desigualdad, sino también la Institucionalidad porque si bien el crecimiento económico puede ayudar a disminuir la desigualdad de ingresos, una institucionalidad inepta y corrupta no permitirá la igualdad de derechos y oportunidades que toda persona merece.


PERU: ¿CRECIENDO EN ECONOMIA Y TAMBIEN EN INSEGURIDAD?

8 diciembre, 2010

Perú es uno de los 20 países con mayor estabilidad financiera del mundo pero regionalmente somos uno de los países más inseguros.

El asalto al Banco Continental ubicado en el corazón de Gamarra, en La Victoria, ha reforzado el temor a la inseguridad que se vive en la capital y en las ciudades más grandes del país. ¿Pero hay estudios regionales que confirmen esta inseguridad que viven los peruanos? ¿Cómo estamos en comparación con otros países de la región?

Según el estudio “Cultura política de la democracia en Perú 2010” perteneciente a la serie de encuestas del Barómetro de las Américas, realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina  (LAPOP), el Perú es el país con la más alta percepción de Inseguridad de las Américas. Es decir, que Perú tiene una percepción de inseguridad mayor que la Venezuela de Chavez y el México de  Calderón.

Según el Barómetro de las Américas 2010, Perú es el país con mayor percepción de inseguridad de las Américas.

El estudio, realizado entre 26 países del continente americano también refiere que el Perú ocupa este año el primer lugar en Victimización por delincuencia en las Américas; es decir, personas que han sido víctimas de la delincuencia en el último año.  Segundo está Ecuador y tercero Venezuela.

La verdad que estas estadísticas dejan mucho que desear pero lamentablemente no son las únicas. En percepción de corrupción y apoyo a la democracia también estamos mal. Sin embargo, sería bueno saber qué dicen otras encuestas.

Según el Informe Latinobarómetro 2010 que abarca 18 países, producido por la corporación Latinobarómetro, ONG con sede en Santiago de Chile, el Perú es el último país de los encuestados en calificar como buena la Seguridad ciudadana del país. Con respecto a la pregunta ¿Vivir en el país es cada día más inseguro?, el Perú se encuentra quinto, después de Guatemala, Argentina, Venezuela y México.

Según el Informe Latinobarómetro 2010, Perú es el país que peor califica la seguridad ciudadana interna.

Es necesario señalar que la percepción de delincuencia en Latinoamérica ha alcanzado este año la tasa máxima de 27%. Es decir, a nivel regional la sensación de inseguridad ha aumentado. Es por eso, que según el informe de Latinobarómetro el problema más importante de la mayoría de países de América Latina es la delincuencia/seguridad pública. Esta problemática es también ratificada por el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad 2010, realizado por el Consorcio Iberoamericano de Empresas de investigación de mercados y asesoramiento (CIMA), en el cual la falta de seguridad y el desempleo son los problemas más graves de Iberoamérica.

Esta percepción de inseguridad que vive el país desemboca en el descontento ciudadano y en una sensación de degradación de la calidad de vida, lo que conlleva a una actitud negativa frente a la democracia y al sistema político. Así lo demuestra el Barómetro de las Américas 2010 donde se señala que el Perú ocupa el último lugar en la región en apoyo a la democracia.

Según el resultado de Latinobarómetro 2010, los 5 países que se sienten más inseguros en Latinoamérica son Guatemala, Argentina, Venezuela, México y Perú.

Mientras el gobierno no haga frente -de manera efectiva- a la sensación de inseguridad y a la delincuencia, la población no tendrá una base sólida para creer en las instituciones del Estado y en la democracia  como sistema de gobierno y esto afectará indudablemente la competitividad del país, puesto que la Institucionalidad es uno de los factores claves para medir el desarrollo de un país. Es el caso del Indice de Competitividad Mundial (elaborado por la escuela de negocios suiza  Institute for Management Development) en el que la eficiencia del gobierno es uno de los cuatro factores que miden la competitividad. Este año, el Índice de Competitividad Global 2010-2011 publicado por el Foro Económico Mundial ratificó que el Perú es uno de los 20 países con mayor estabilidad financiera del mundo pero que en cuanto a instituciones públicas ocupamos uno de los últimos lugares.

No sólo basta con estar bien en las variables macroeconómicas, sino que el rol social y de bienestar que cumple el Estado debe estar a la altura de los objetivos que se traza el país. Salir a competir de igual a igual en el ámbito externo, implica estar preparado internamente para lo que se viene. Antes de abrir tus puertas deberías limpiar primero tu casa; sino, es hora de hacerlo porque la brecha puede hacerse cada vez más grande.